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presidente petro - Page 3

  • Apelar a la multitud, recurso de gobernantes populistas

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    En Francia ante la presentación de un proyecto de reforma pensional las fuerzas de oposición se han lanzado a las calles para expresar su descontento. Igual está ocurriendo en Israel donde todo tipo de sectores de la sociedad hacen lo mismo para oponerse al proyecto de reforma del poder judicial presentado por el primer ministro Netanyahu.

    Ambos países están regidos por una sólida democracia que respeta tales manifestaciones y donde los gobiernos que a ella se deben, entran en negociaciones con los representantes de la oposición con el fin de buscar acuerdos. Es de toda lógica que así ocurra, pues democracia quiere decir transacción, negociación y no imposición. Y porque en regímenes republicanos, liberales y democráticos como lo son Francia e Israel, la movilización y la protesta social ante medidas de gobiernos de turno, es respetada y escuchada, diferente a lo que ocurre en gobiernos populistas y dictatoriales, como lo hemos visto en tiempos recientes en Cuba y Nicaragua donde se castiga con violencia oficial, con cárcel y hasta con deportación de líderes toda expresión de protesta masiva.

    En Colombia, tal como discurre el debate en torno de los proyectos presentados por el gobierno de Gustavo Petro sobre salud, pensiones, régimen laboral, plan de desarrollo, paz total, entre otros, corre peligro el derecho de la oposición y de sectores que se verían afectados por tales iniciativas, a manifestarse en las calles, en los medios y aún desde algunos entes del estado.

    Sin que el repudio o el debate haya llegado a los niveles que se han vivido en Francia e Israel, es decir, sin que se hayan realizado grandes movilizaciones, a las que se tendría, además, todo el derecho, el presidente Petro se ha desmadrado en atacar a los gremios, a la prensa y a los partidos de oposición, traspasando las líneas rojas que separan una democracia de una dictadura.

    Es lo que se desprende de su retórica agitacional con la que apela en genérico al “pueblo” que él dice ser y representar y al referirse a un supuesto “golpe de estado” que nadie está proponiendo o ventilando, al menos, desde quienes son sus adversarios, y más bien, se hace desde su propio territorio donde se llama a “salir a las calles” a “la revolución”, a “dar el paso definitivo”. O como  en un mitin con líderes de Juntas de Acción Comunal a las que ha tratado de conquistar empoderándolas en funciones políticas que nunca han desempeñado, como la de movilizarse en defensa de los proyectos del gobierno.

    En dicho mitin Petro hizo gala de su tono amenazante, impropio de un mandatario elegido en democracia y de todos los colombianos, advirtiendo a quienes rechazan sus proyectos a que “ni se atrevan” a impulsar “un golpe de estado blando” porque “el pueblo está empoderado, ejerce el poder” y se puede desatar “un estallido social”, etc.

    Hay imágenes y videos que demuestran la manera como el presidente Petro se deleita enervando a sus seguidores, apelando a las bajas pasiones que, al decir de los estudiosos del comportamiento de la masa, como Elías Canetti en Masa y poder, Sergio Daniel Labourdette en Mito y política y Serge Moscovici en La era de las multitudes, es la técnica que facilita la absorción del individuo, es decir, la pérdida de su autonomía, su conversión en un simple número que se mueve y reacciona pasionalmente a lo que dicta el caudillo.

    De a pocos, la población colombiana se va dando cuenta del dañino proceder de un presidente que enarbola la consigna “del gobierno del cambio”, que, a decir verdad, es un retroceso a momentos y a experiencias de ingrata recordación en diferentes países.

    Una cosa es hablar de las ideas y la personalidad de quien no ha dejado de ser un gran agitador revolucionario, muy otra es que, las gentes puedan constatar por su propia mirada y vivencia, la aventura destructiva a la que está siendo conducida nuestra nación.

    Ya lo decía, y perdón por apelar a lo que escribí hace unas semanas, que la alianza forjada por Petro fracasaría en pocos meses, es lo que estamos presenciando, y que lo que sigue puede ser tan peligroso si se da el paso, como incitó un irresponsable pero firme comunista precandidato presidencial (Alfredo Saade), a la vía insurreccional para consolidar el proyecto revolucionario y sea convocada una asamblea constituyente citada con las condiciones de Petro.

    Darío Acevedo Carmona, 9 de abril de 2023

  • Gobierno Petro, incoherente y asimétrico

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    En la cadena de escándalos causados por el presidente Petro, sus ministros y altos funcionarios, al jefe del Ejecutivo se le ocurrió hacer referencia a la Ley de Justicia y Paz de 2005, cuyo objeto es el de facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y sometiendo a medidas de justicia transicional a los responsables de delitos de lesa humanidad.

    Desde Barrancabermeja en un evento sobre reparación a víctimas de los paramilitares, según informó la revista Semana (22/03/23), “arremetió contra dicha ley” diciendo: “Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal que criticara, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino… No se podía volver al narcotraficante político que desde el ámbito de la economía habían creado, en su afán de acabar con las bases sociales de esa insurgencia… creyeron que el camino era el genocidio, repetir el camino de liberales y conservadores de matarse con masacres y barbaries”. Agrega la revista Semana que Petro convocó a los exjefes paramilitares “a revelar la verdad sobre la indemnización de las víctimas”.

    A renglón seguido, el presidente Petro salió en defensa de su proyecto de sometimiento de las bandas criminales: “El Gobierno, a través de las instancias, puede reunir a los jefes paramilitares para que hagan un balance ante el país, para que digan lo que ha pasado con la verdad y los bienes para el proceso de indemnización, para que nunca más se junte la esvástica del nazismo con el narcotráfico”.

    Lo dicho por él no difiere mucho de sus apreciaciones negativas en 2005 y años siguientes. Lo que confirma la percepción de muchos analistas y comentaristas en el sentido de que Petro no ha dejado de ser un agitador opositor y que no ha entendido el rol que hoy tiene gracias a la democracia en la que no cree.

    Varias precisiones debemos tener en cuenta  para que quede en evidencia la ausencia de coherencia política y simetría jurídica en el proceder del primer mandatario. Sobre el tema de la impunidad, por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz se estableció una condena de ocho años aplicable a los altos mandos de esos grupos responsables de crímenes de lesa humanidad, penas que se han cumplido y en algunos casos, varios capos fueron extraditados por violación de compromiso de no repetición.

    De otra parte, en el trámite de discusión y aprobación de dicha Ley hubo intervención decisiva de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Congreso de la Repúblicas y del Ejecutivo de entonces. Ningún jefe  de esos grupos se convirtió en actor o candidato político. Nunca se les dio trato de contraparte del estado ni se les reconoció estatus de beligerancia.

    Deformar esas realidades históricas y mentir es un fácil recurso demagógico, sobre todo si lo que se busca por parte del presidente Petro es marcar diferencias con su cuestionado proyecto de sometimiento de grupos al margen de la ley el cual está plagado de los vicios y adefesios que se evitaron en el proceso de 2005. Ningún jefe paramilitar fue convertido en misionero o agente de paz.

    En cuanto a la contribución a la verdad, la ley 1424 del 10 de junio de 2010, con el ánimo de resolver la situación judicial de desmovilizados de base de estos grupos, no incursos en delitos de lesa humanidad, en su artículo 14 crea el mecanismo de sometimiento exigiendo de cada uno contribución al esclarecimiento de hechos trágicos y la firma de un compromiso de no repetición. Para el cumplimiento de esta función se responsabilizó al Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, a través del Decreto-Ley 2244, artículo 14, del 28 de junio de 2011. Esta entidad cifró en 18.306 el número de personas que habrían de ser citadas.

    Bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, el CNMH (2012-2018) y la de quien escribe este texto (2019-2022) se culminó de manera exitosa esta tarea, de la cual, además, quedan como testimonio esclarecedor del fenómeno paramilitar 16 amplios y detallados informes y la realización de numerosos eventos con las víctimas de masacres, magnicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores, destrucción de bienes y desplazamiento forzado.

    Este método que se denomina “Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, ha sido objeto de reconocimiento internacional por su contribución a la verdad, a la reconciliación y a la no repetición, como ejemplo de justicia transicional, así mismo, como un método que podría ser aplicado en conflictos armados en otros países.

    Lo que resulta incoherente en las palabras del presidente Petro es que en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo se incluye un artículo que reivindica la aplicación de tal Mecanismo  a los desmovilizados no solo de las bandas criminales sino de las guerrillas sin hacer la excepción o claridad sobre lo que ocurriría con los criminales de guerra. Incluso, dispone que los altos comandantes de las guerrillas sean trasladados de la Jurisdicción Especial para la Paz al Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que carece de funciones judiciales, por lo que, de aprobarse tal como está escrito, constituiría, ahí sí, una flagrante impunidad violatoria del estatuto de la Corte Penal Internacional del que es parte nuestro país.

    Darío Acevedo Carmona, 26 de marzo de 2023.

  • Petro hunde el acelerador

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    Recientes declaraciones del presidente Petro con anuncios que confirman temores sobre la radicalización del gobierno en su deriva autoritaria y estatizadora.

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  • ¿Nos dejaremos narcotizar?

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    Apuntes sobre la estrategia del gobierno Petro, mirar sus errores, fantasías, disparates e improvisaciones como insumos útiles en la destrucción de la sociedad capitalista y el régimen corrupto.

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  • El estado colombiano un asesino según Petro

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    El presidente Gustavo Petro, en evento de reconocimiento de responsabilidad del estado colombiano en las masacres de La Granja y El Aro (1997) ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)...

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